El gobierno catalán ultima los trámites para comenzar a cobrar el impuesto que gravará las emisiones de CO2 de 3,6 millones de vehículos (coches, furgonetas y motos). Un tributo que será pionero en España y que la Generalitat de Catalunya aprobó en marzo de 2017 (en la ley de acompañamiento de los presupuestos), pero que no se ha llegado a aplicar. En agosto de ese mismo año el Govern aprobó la Ley del Cambio Climático, donde se integrará la tasa. Pero el tributo quedó parado al recurrirlo el Gobierno español ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias. Desde junio de este año, el mismo TC dictaminó la plena constitucionalidad del impuesto en sentencia firme, de ahí que la Generalitat lo ultime ahora, apuntan fuentes de Economía y Hacienda.
Las mismas fuentes detallan que el tributo se aprobará como una modificación de la Ley del Cambio Climático: el Govern tiene previsto aprobarla en las próximas semanas, como adelanta este viernes La Vanguardia. Y la idea es que pueda aprobarse en el Parlament con amplio consenso --porque los partidos ya lo apoyaron en 2017-- antes de finales de este año. Tal y como está diseñado el impuesto, tributará cada 31 de diciembre del año, aunque se cobrará en noviembre del año siguiente. La recaudación, en noviembre de 2020, está estimada en 40 millones de euros el primer año y 80 el segundo y se destinará a dos fondos: uno para luchar contra la emergencia climática y otro para preservar el patrimonio natural.
Desde 2017, el ejecutivo ha afinado técnicamente un impuesto que será progresivo (quien más contamina, más paga) y tiene una notable complejidad técnica. Por ejemplo, el impuesto grava los gramos de CO2 (o dióxido de carbono) por kilómetro que emite cada vehículo: un dato que la ficha de los coches nuevos incluye, pero que antes no se contabilizaba. De ahí que la Generalitat encargara al Barcelona Supercomputing Centre una fórmula que permitiera conocer las emisiones de cada modelo, en función del carburante, la cilindrada, el peso o el motor.
El anteproyecto que el Govern está a punto de aprobar fija que, este año, los vehículos comenzarán a pagar la tasa a partir de 120 gramos de C02 por kilómetro (si emiten menos, como por ejemplo los vehículos eléctricos, no pagarán). El cálculo de la tasa se realizará por cinco tramos de emisiones. Así, de 120 a 140 gramos por kilómetro se pagarán 11 euros, o 32 euros si se superan 170 gramos de emisiones por kilómetro. Los motores de gasolina son los que más CO2 generan, mientras que los diésel emiten más NO2 (dióxido de nitrógeno). En 2020, la tasa será más exigente y comenzarán a pagar los coches, furgonetas y motos a partir de 95 gramos de CO2 emitidos por kilómetro. Por ejemplo, un coche como un Porsche Cayenne que, por su peso, caballos y demás características, contamina 265 gramos de CO2 por kilómetro, pagará este año 127,5 euros, y en 2020 tendrá que abonar 176 euros.
Más allá de la complejidad técnica, el tributo cuenta con el rechazo frontal de las patronales del motor. Hace unos días, la patronal de los fabricantes ANFAC, la de los concesionarios Faconauto, la federación catalana de vendedores Fecavem, el colegio de gestores de Cataluña y la gran agrupación de empresarios de Cataluña, Foment, cuestionaron el tributo y anunciaron que han presentado alegaciones. Aseguran que están alineados con la necesidad de reducir las emisiones, pero entienden que no es necesario introducir un impuesto "adicional", existiendo ya el de matriculación (que ya grava las emisiones) y circulación (en el que algunos ayuntamientos, como Barcelona, quieren castigar a quien más contamina).
Entienden que el nuevo tributo puede perjudicar "al sector y la actividad económica de Cataluña, porque puede reducir las matriculaciones". La propuesta de los firmantes pasa por "transformar el impuesto de circulación para añadir criterios medioambientales, enfocados al uso de los vehículos y comunes en todos los territorios". Además, para no castigar a quienes compren coches más nuevos, proponen eximir del pago a los que tienen solo cuatro o cinco años de antigüedad.
Para informar a los propietarios de vehículos, la Generalitat tiene previsto hacer una campaña comunicativa en mayo, enviando una carta a cada conductor, recordándole lo que contamina su vehículo y cuánto tendrá que pagar. Si domicilia el recibo, tendrá una bonificación de un 2%. El primer año, además, solo pagarán furgonetas y coches. Las motos comenzarán a pagar en 2021 por las emisiones de 2020.
Fuente: El País
